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Política

Bankia acudirá a los tribunales para embargar la fortuna de Rato

La entidad usará la vía judicial para reclamar 133 millones de euros

Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno, sale de su domicilio este domingo. /BALLESTEROS (EFE)

El futuro de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno del PP y ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato, —que según la Agencia Tributaria suma 26,6 millones de euros de patrimonio personal, una cantidad que él ha negado— está en manos de su sucesor al frente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. En los próximos días la entidad bancaria llevará a los tribunales a Rato para exigirle 133 millones de euros, la sexta parte de la fianza de 800 millones, que Bankia aportó en metálico ante la Audiencia Nacional para afrontar posibles responsabilidades por su fallida salida a Bolsa y satisfacer las reclamaciones de los accionistas.

Alrededor de diez días después de aquel 17 de marzo en el que se depositó el dinero, Bankia remitió a Rato y a otros tres ex altos cargos de la entidad (José Manuel Fernández Norniella, José Luis Olivas y Francisco Verdú) un requerimiento notarial para que aportasen su parte alícuota. La entidad les dio un plazo de un mes, que expira en los próximos días. Rato —que en su día formuló un recurso aún sin resolver contra la fianza que le impuso la Audiencia Nacional, alegando que no le corresponde hacerle frente— no ha contestado todavía a Bankia. Fuentes de su entorno avanzan que “hará valer ante la entidad sus derechos” en los próximos días.

Los otros tres altos cargos de Bankia también recurrieron la fianza impuesta por la Audiencia Nacional y sostienen que la apelación paraliza el plazo del requerimiento notarial de Bankia. De manera que todo estaría en suspenso hasta que la Audiencia delibere, algo que, según Efe, hará este viernes. Fuentes de la entidad financiera discrepan y aseguran que la demanda civil contra Rato y el resto de altos cargos se interpondrá en los próximos diez días cuanto expire el ultimátum, resuelva o no la Audiencia. Lo único que podría salvar a Rato, así como a Fernández Norniella, Olivas y Verdú, de congelar sus bienes es que la Audiencia Nacional reduzca o anule la fianza. Cualquier modificación del dinero reclamado, cambiaría la situación, pero nadie en Bankia está pensando ahora en frenar el procedimiento civil contra Rato y los otros exdirectivos. La entidad presidida por Goirigolzarri está controlada por el Estado, y el Gobierno de Mariano Rajoy no se ha opuesto a esta estrategia.

 

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El expresidente del banco responderá a su sucesor porqué no abonó el dinero

Las fuentes consultadas por este diario aseguran que la detención de Rato el pasado jueves, los registros en sus propiedades y la acusación del fiscal, que le atribuye fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, no han hecho cambiar los planes ni a Bankia ni al Gobierno.

La sospecha de la fiscalía, que parte de un prolijo informe de la Agencia Tributaria, es que el exvicepresidente quería salvar su patrimonio de eventuales fianzas a través de un alzamiento de bienes. Los investigadores han puesto la lupa sobre los cambios de titularidad de algunas propiedades a su nombre para registrarlas a favor de sus familiares.

Si la instrucción confirmase la tesis del fiscal del caso, Carlos García Berro, los movimientos han de ser recientes, ya que la fianza se fijó hace un mes. Salvo que Rato intuyera lo que iba a pasar en el procedimiento judicial tras la quiebra de la entidad y preparase su estrategia con meses de antelación.

Sigue como asesor en Telefónica

Nada más salir de Bankia, cuando la entidad fue intervenida, Rato recaló como consejero en tres gigantes del Ibex-35. Telefónica fue la primera que requirió sus servicios tras el fiasco del banco. En enero de 2013 se incorporó con un sueldo de 200.000 euros anuales como asesor externo en el consejo de la multinacional para Europa y Latinoamérica.

En septiembre de 2013, el exvicepresidente fichó primero por el Banco Santander y luego por La Caixa, a través de su división inmobiliaria Servihabitat, con remuneraciones anuales que también rondaban los 200.000 euros anuales.

Cuando empezó a complicarse su situación judicial al ser imputado en el caso Bankia, La Caixa se desvinculó del exdirector general del FMI, en agosto de 2014. Rato dejó de ser consejero de Servihabitat, una sociedad participada al 49% por La Caixa, aduciendo “motivos personales” y se incorporó como asesor internacional de la división de crédito del fondo Texas Pacific Group, socio de la inmobiliaria Servihabitat, donde estuvo solo unos meses. El Santander prescindió de sus servicios en noviembre de 2014 al disolver el consejo internacional del que Rato formaba parte.

El expresidente de Bankia ya ha tenido que hacer frente a una fianza de tres millones de euros por el caso de las tarjetas black. Entonces, en octubre pasado, fue un primo suyo, Juan Alvargonzález Figaredo, heredero de una conocida estirpe naviera asturiana, quien inmovilizó esa cantidad en el Banco Sabadell para evitarle la humillación del embargo.

Fuentes de Bankia sostienen que la demanda no espera recuperar la totalidad del dinero —ni Rato ni ninguno de los otros tres directivos acumula 133 millones de euros—. Lo que se pretende es evitar al menos que los ex altos cargos sigan viviendo a todo lujo, sobre todo Rato y quizás Olivas, mientras la entidad pública, que tuvo que ser rescatada con más de 22.424 millones de euros, soporta los gastos de su gestión. Por eso se les reclama 133 millones, mediante garantía personal, y que identifiquen sus bienes.

El requerimiento de Bankia remitido a Rato hace un mes ya le imponía “la obligación de no disponer ni enajenar, ni imponer cargas ni gravar por cualquier concepto y título” sus bienes y derechos económicos. Las mismas fuentes apuntan que Bankia quiere que cada afectado reclame contra el seguro de responsabilidad civil, que cifran en 100 millones de euros. El seguro está contratado con Mapfre. Esto sería lo más importante para la entidad.

El propio fiscal que interpuso la denuncia contra Rato en el juzgado el pasado jueves, pidió que se bloqueasen las 78 cuentas bancarias que el exvicepresidente tiene en 13 entidades diferentes. El juez Enrique de la Hoz, que se hizo cargo del caso tras recibir la denuncia, acordó el viernes esta medida, cuando ya se habían registrado la casa de Rato y su despacho profesional, en el centro de Madrid. Los 13 bancos recibieron instrucciones del juez para que se le remita en el plazo de un mes todos los movimientos de esas cuentas desde 2009.

Los abogados y el procurador de Rato tienen previsto personarse hoy ante el juez del caso para conocer de qué se le acusa exactamente. Según fuentes de su entorno, su defensa reclamará la documentación requisada en los registros y el levantamiento del secreto de sumario para preparar su defensa. Rato también pedirá la devolución de una tableta electrónica que se llevaron los agentes de Aduanas de su casa.

 

Candidatos a la Intendencia de Rivera

Hace ya unas cuantas campañas electorales, que la Asociación Comercial e Industrial de Rivera (ACIR), organiza reuniones con los candidatos a la intendencia. Durante una cena, los candidatos exponían su propuesta para el departamento, al finalizar respondían las preguntas del público presente y de periodistas. Este año se cambió el formato de la reunión, se propuso, a los candidatos, cuatro temas que, al entender de ACIR, son fundamentales para el desarrollo de Rivera:

  • Recalificación del Centro de la ciudad de Rivera.
  • Alternativas para un desarrollo turístico sostenible.
  • Promoción del sector industrial en clave de competitividad, y
  • Revalorización de la frontera binacional como factor de desarrollo regional.

El objetivo fue más ambicioso aún, en la invitación se lo describió de la siguiente forma: “La Asociación Comercial e Industria de Rivera, asume un compromiso y, en colaboración con la Agencia de Desarrollo de Rivera, hace hincapié en la articulación interinstitucional dentro del territorio para fortalecer la “masa crítica local” y, por ende, mejorar la capacidad de negociación en las esferas globales y, también facilitar que se pueda construir localmente un proyecto colectivo de largo aliento con todos los candidatos a la intendencia de Rivera”. Es más, en la conferencia de prensa donde se informó sobre la reunión con los candidatos, el presidente de ACIR Sr. Julio Cuello se refirió a un “pacto en común con todos los candidatos”. Dijo: “Vamos a tener a todos los candidatos sentados entorno a una mesa, con un fin común que es ver como hacemos para desarrollar el comercio y la industria en nuestro departamento”.

Luego de escuchar varias veces la versión grabada de la intervención de cada uno de los candidatos, podemos asegurar que ninguno de ellos siquiera mencionó la posibilidad de ponerse de acuerdo en “algo”, mucho menos un pacto. De los cuatro temas propuestos por ACIR, al que le dedicaron más tiempo fue al centro, algunos minutos (muy pocos) al turismo. Sobre los dos restantes no se dijo nada.

Leonidas Bayo
Leonidas Bayo

De todas formas surgieron cosas muy interesantes: El candidato del Partido Independiente Arq. Leónidas Bayo dijo que hay un proyecto para el centro de Rivera cuyo costo está entorno de los cinco millones de dólares, si bien no preguntó, pero quedo flotando en el ambiente la pregunta ¿Cuánto están dispuestos a poner ustedes? Los demás candidatos, con más o menos detalles, expusieron sobre cómo ven al centro, algunos aventuraron la necesidad de algunos cambios sin proponer nada concreto. La exposición del ex intendente Marne Osorio, giró en torno a lo que se hizo en el centro durante su mandato, anuncios de lo que hará en caso de llegar a la intendencia por un segundo periodo.

En declaraciones a canal 10 de Rivera el intendente Ing. Abilio Briz señaló: “La sensación que me quedó es que muchos de los candidatos, la mayoría, no tiene idea de cómo se maneja un gobierno departamental, a donde hay que apuntar. Mucha improvisación, salieron de contexto, no centraron en la propuesta que había hecho ACIR. Algunos dejaron dudas de si estaban convencidos de lo que estaban hablando, fue una disertación muy pobre”. Por supuesto elogió la exposición de su compañero de partido Marne Osorio.

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El próximo 10 de mayo elegimos: Intendente y ediles para todo el departamento de Rivera; Alcaldes y Concejales para cada uno de los tres municipios del departamento; tranqueras, Minas de Corrales y Vichadero.

Los ciudadanos que voten en Rivera, donde no se votan alcaldes ni concejales, tendrán menos hojas de votación a elegir. Mientras que en los municipios se suman todas las hojas de votación con candidatos al municipio.

El viernes 10 a la media noche, venció el plazo para registrar listas ante la Oficina Electoral Departamental, Heber Freitas jefe de dicha oficina informó al respecto: “Se venció el plazo como estaba previsto, se registraron 107 hojas de votación para todo el departamento” Freitas aclaró que en la planta urbana y en los circuitos donde no haya municipios habrá menos hojas de votación 65 en total.

Crisis en el Partido Colorado

Sobre el cierre del plazo para la inscripción de listas, surgieron problemas en la lista 10, los que determinaron el alejamiento de la lista 29. La lista 10 se formó con la integración de las agrupaciones que apoyaron a Pedro Bordaberry en las Elecciones Nacionales. Si bien se mantuvo el nombre Mauricio González como candidato a la intendencia, no se lograron acuerdos para integrar la lista de ediles. Por lo tanto se produce el alejamiento de la lista 29 cuyo dirigente Guido Machado dijo a medios de prensa que no integrará ninguna lista.

Heber Freitas describió cómo funciona el proceso de inscripción de las hojas de votación: “Presentada la hoja, para completar el registro, debe pasar por el sistema informático, verifica la participación de cada uno de los candidatos y respectivos suplentes en las elecciones internas de cada uno de los partidos. También detecta si el nombre de algún candidato figura en otra hoja de votación. Ante esta situación la oficina se queda con la documentación presentada. Para resolver el problema, quienes presentaron la hoja, tienen un plazo de 48 horas para resolver el problema lo que deberá ser ratificado por la Junta electoral de acuerdo como se presente cada caso”.

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Heber Freitas, Jefe de la Oficina Electoral

Ahora corresponde que las listas se expongan en cartelera de la Oficina electoral, para que todo ciudadano pueda impugnar algún detalle, en caso que entienda no sea correcto, las hojas de votación se exponen durante dos días. Según Freitas, la oficina electoral tendrá una ardua tarea hasta el día de las elecciones, verificar todos y cada uno de los lugares de votación. Funcionarios de la Oficina Electoral, debidamente identificados, inician hoy las visitas a los lugares donde se instalarán las mesas receptoras de votos. Organizar e impartir los cursos de capacitación a delegados de los partidos políticos que lo soliciten y a los integrantes de todas las mesas receptoras de votos, es otra tarea a resolver.Hojas de votación (2)Hojas de votación expuestas en la Oficina

Electoral de Rivera

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Acusan al PP español de 18 años con una "caja negra"

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dio este lunes por concluida la investigación sobre los papeles de Bárcenas y considera acreditado que el Partido Popular dispuso de una caja b (una contabilidad opaca) entre 1990 y 2008 con la que sufrago campañas electorales, sobresueldos a dirigentes y las reformas de sus locales, entre ellas la de la emblemática sede central de la calle Génova, 13, en Madrid. En un auto de 190 páginas, el magistrado considera que existen “sólidos y fundados indicios” de que el partido del Gobierno se sirvió durante esos 18 años y de forma “sistemática” de “diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal”.

Tras dos años de investigación en los que ha tenido que enfrentarse a las resistencias tanto del PP como de organismos públicos controlados por este partido, como la Agencia Tributaria, el juez concluye que los fondos opacos del PP fluyeron “al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas y sin la correspondiente declaración ante la Hacienda Pública”. En su resolución, Ruz propone juzgar a seis personas: los extesoreros populares Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, que controlaban la caja b; el exgerente Cristóbal Páez, y dos responsables y una empleada de Unifica, el estudio de arquitectura que realizó la reforma de Génova 13, abonada con 1,55 millones de euros en dinero negro, según los cálculos del magistrado.

 

Las pesquisas se iniciaron en febrero de 2013, después de que EL PAÍS publicara los 14 folios que constituyen la contabilidad secreta del extesorero Luis Bárcenas. En esos documentos el antiguo responsable de las finanzas del PP consignó supuestamente ingresos en dinero negro por valor de casi ocho millones de euros procedentes de empresarios, en su mayoría del sector de la obra pública. El dinero se destinó a cubrir gastos de naturaleza variada. El juez, no obstante, archiva la causa abierta contra los 22 empresarios pagadores, al entender que no hay indicios para establecer correspondencia entre los pagos ilegales al PP y las adjudicaciones de contratos públicos, base para imputar un delito de cohecho.

 

Propone juzgar a los extesoreros y los arquitectos de la obra de Génova, 13

Después de negar durante meses la existencia de una caja b, los líderes del PP optaron por atribuir toda la responsabilidad sobre los supuestos fondos opacos a su extesorero Bárcenas, quien tras ingresar en prisión en junio de 2013 confesó ante el juez la veracidad de sus manuscritos. Ruz, sin embargo, rechaza la tesis de la cúpula del PP, y a lo largo de su resolución dedica varios pasajes a atribuir el sistema de donativos en negro inequivocamente al partido liderado por Mariano Rajoy. A lo largo del auto abundan las expresiones siguientes: “La doble estructura contable creada por el PP”, “un sistema de financiación de la formación política”, o simplemente “los fondos de la caja b del PP”. A Bárcenas —gerente desde 1990 a 2008, cuando se convirtió en tesorero— y a su antecesor Lapuerta, el juez les atribuye la mera “llevanza” de la “contabilidad paralela del PP”.

 

Ruz, cuyo paso por la Audiencia Nacional toca a su fin después de que el Poder Judicial sacara a concurso el pasado diciembre la plaza que ocupa, disecciona la caja b aplicando los criterios básicos de contabilidad. En el apartado de las entradas detalla las aportaciones de los empresarios, entre los que destacan nombres como Juan Miguel Villar Mir (OHL), que, según la contabilidad de Bárcenas, entregó un total de 530.000 euros entre 2004 y 2008, o Luis del Rivero (Sacyr), que donó supuestamente 480.000. Los principales pagadores, según los papeles de Bárcenas, fueron los constructores andaluces José Luis Sánchez Domínguez (Sando, 1,25 millones) y Manuel Contreras (Azvi, 858.000 euros).

 

En cuanto a las salidas de fondos, Ruz relata que parte del dinero negro se ingresaba (fraccionado para no superar los límites de la ley de financiación de partidos) en las cuentas oficiales de donativos (hasta 1,27 millones). Otra parte se destinó al pago de retribuciones y sobresueldos a personas vinculadas con el partido, como el exconsejero navarro Calixto Ayesa, que recibió 86.545 euros como “compensación” por dejar su trabajo para dedicarse a la política. Otras cantidades se utilizaron para ayudar a víctimas del terrorismo. También hay gastos para campañas electorales o para la compra de sedes, como las de Bizkaia (36.000 euros en 2002) y La Rioja (200.000 euros en 2008).

 

Archivada la causa contra 22 empresarios y Ángel Acebes

Sin embargo, Ruz dedica el grueso de su exposición a analizar el uso de 1,55 millones de euros en b entre 2005 y 2010 para reformar la sede del PP en la calle Génova, 13. Esta operación supuso una defraudación fiscal de la que considera responsable directo a la sociedad Unifica y a sus administradores y socios Gonzalo Urquijo y Belén García, y a la empleada Laura Montero. El juez considera que el PP es responsable civil subsidiario de este supuesto delito fiscal.

 

El juez imputa a Bárcenas y a Lapuerta un delito de apropiación indebida por quedarse para sí con 120.000 y 209.550 euros de la caja b, respectivamente. Ese dinero iba destinado a la compra de acciones de Libertad Digital en 2004, año en el que el grupo de medios del locutor Federico Jiménez Losantos alimentaba, con el apoyo del PP, la teoría de la conspiración sobre el atentado del 11-M. La adquisición de los títulos fue, según Bárcenas, ordenada por el entonces secretario general, Ángel Acebes. El juez, que tenía a este exdirigente imputado, decidió archivar la causa contra él.

 

Ruz abre una pieza separada, que envía a los juzgados de Toledo, sobre la investigación por la adjudicación a la empresa Sufi del contrato de recogida de basuras de Toledo, que, según Bárcenas, fue la contraprestación por una donación de 200.000 euros para la campaña de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en 2007. El magistrado entiende que “en el momento presente” no existen “elementos indiciarios suficientes” para proceder contra personas aforadas, por lo que descarta enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia manchego y lo remite a los juzgados ordinarios. Ruz aprecia en el caso de los pagos de Sufi un delito de prevaricación.

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