Juicios millonarios a las Intendencias

Juicios millonarios a las Intendencias

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Los gobiernos departamentales, cuyas nuevas autoridades se elegirán el próximo 10 de mayo junto con los ediles, alcaldes e integrantes de los municipios, enfrentan juicios por casi US$ 178.400.000, según la información aportada por las intendencias al Tribunal de Cuentas de la República (TCR).

El dato, que en los hechos podría variar porque muchos reclamos pueden haber concluido, surge de los balances y rendiciones de cuentas que las comunas presentaron ante el órgano de contralor referido al ejercicio 2013 —que es la última información oficial al respecto— y que el TCR aprobó, en su mayoría, entre fines de 2014 y comienzos de 2015.

En los balances y rendiciones de cuentas se incluye un apartado donde las comunas informan al TCR sobre los reclamos judiciales que tienen en curso y el monto total que esas acciones judiciales representan. Eso permite que, en el marco del presupuesto, se prevean esos casos ante la eventualidad de perder los juicios.

De acuerdo con un relevamiento realizado por El Observador entre los informes disponibles en la página web del TCR, entre los balances de 15 intendencias (en los casos de Rivera, Flores Tacuarembó y Treinta y Tres no se incluyen detalles sobre los juicios en trámite) a fines de 2013 las comunas enfrentaban juicios por casi US$ 178.400.000.

De esa previsión total, más de US$ 107.200.000 corresponden a las intendencias de Montevideo y Canelones, los departamentos de mayor población y donde el Frente Amplio se perfila para mantenerse en la administración comunal por amplia ventaja. Concretamente, la Intendencia de Montevideo informó al TCR la existencia de juicios por US$ 71.312.000 y la comuna de Canelones dio cuenta en ese momento de procesos judiciales por US$ 35.960.000, tomando en cuenta el tipo de cambio que se registraba en 2013 ($ 21,424).

Además, la Intendencia de Montevideo detalló al TCR que en 2013 se tramitaron 912 juicios en su contra, pero de ellos 381 “carecen de contenido económico” ya que fueron pleitos por temas administrativos en los que no se reclamó dinero.

El director de la Asesoría Jurídica de la Intendencia de Montevideo, Ernesto Beltrame, informó en febrero a El Observador que la comuna ganó en 2014 80% de los juicios que enfrentó. Además, resaltó que en los juicios perdidos se ha logrado reducir sensiblemente el monto reclamado.

Además de Montevideo y Canelones, los gobiernos departamentales de Maldonado y Salto son los que informaron al TCR tener juicios por importantes montos. En el primer caso US$ 36.306.000 y en el segundo US$ 19.850.000, según los informes del órgano de contralor.

Las restantes 11 intendencias relevadas suman US$ 15.000.000 y entre ellas la que informó tener mayores juicios en su contra es la comuna de Lavalleja con US$ 3.393.600.

Reclamos inflados

Consultado ayer por El Observador sobre las previsiones de juicios de la Intendencia de Montevideo, Beltrame dijo que “nunca” se piensa en que los fallos van a ser adversos. “Yo no puedo prever que voy a perder tal o cual juicio. Partimos de la base de que el resultado será favorable”, dijo.

“Cuando nosotros litigamos ganamos 80% de los juicios y en 20% de los casos terminamos paginando 17% de lo que se nos reclamaba”, explicó el asesor jurídico de la comuna.

Por su parte, la responsable del equipo jurídico de la Intendencia de Canelones, Natalia Carbajal, dijo a El Observador que el monto informado al TCR “es un estimativo con la cantidad de juicios iniciados y en base a la posibilidad de que todos se pierdan, lo que implica considerar la peor hipótesis y la menos probable pero con eso se busca tener una adecuada previsión presupuestal”. “A veces contra el Estado se reclaman sumas que no están en los márgenes que fija la jurisprudencia. Uno sabe que en una demanda se reclaman millones dólares y si te condenan unos pocos miles de pesos. Se inflan los montos sin razón”, afirmó Carabajal.

La abogada dijo que en el caso de la Intendencia de Canelones la mayoría de los juicios en trámite son reclamos de funcionarios que  exigen un aumento salarial que aducen como impago de la última gestión del intendente colorado Tabaré Hackenbruch que tuvo lugar entre 2000 y 2005.

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